Este viernes, 23 de mayo de 2025, España alcanza su día de la sobrecapacidad (Overshoot Day) -El Día de la Sobrecapacidad de la tierra marca la fecha en la que el consumo anual de recursos por parte de la humanidad supera la capacidad de la tierra para regenerar esos recursos en el mismo año– de acuerdo con los cálculos de Global Footprint Network, que lleva años recopilando las cuentas nacionales de huella ecológica y biocapacidad.
En otras palabras, si todos los habitantes del mundo consumieran y produjeran como nuestro país, mañana se habrían agotado todos los recursos que el planeta es capaz de disponer y regenerar en un año. Consumimos como país 2,7 planetas, y podemos hacerlo porque vivimos “endeudados con la Tierra”, acaparando recursos de otros países –deuda ecológica– y de las futuras generaciones –deuda intergeneracional-; acumulando residuos, principalmente dióxido de carbono en la atmósfera, y poniendo en riesgo a las futuras generaciones.
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Y no es una excepción en Europa. La UE sigue siendo responsable de aproximadamente el 16% de la deforestación global y el consumo de plaguicidas, que acaba con la biodiversidad, no ha parado de crecer en los últimos 20 años. A nivel mundial, con la media de todos los países, el último cálculo disponible, el de 2024, marcó el 5 de junio como día de sobrecapacidad global, es decir, 1,75 planetas consumidos.
Teniendo esto en cuenta, Greenpeace destaca que igual que todos los países no consumen igual, tampoco lo hacen las personas. La vida de derroche de los ultrarricos (yates, jets privados, propiedades), tiene un precio muy alto para el planeta y sus habitantes, más aún si tenemos en cuenta que estas mismas personas, los ultrarricos, poseen una buena parte del capital de las empresas más contaminantes que son las que les proveen de enormes riquezas a costa del planeta. Por esto, Greenpeace propone profundas reformas en el modelo de desarrollo y también en la fiscalidad (tanto a nivel estatlal como europeo), para hacer que ultrarricos y contaminadores paguen por el daño que ocasionan.
Reforma del sistema económico actual
Pero más allá del modelo fiscal, para la organización ecologista es imprescindible dar pasos firmes hacia una profunda reforma del sistema económico actual que elimine o transforme las prácticas más dañinas e insostenibles y promueva el uso racional de los recursos naturales.
Para Greenpeace hay que poner el foco principalmente en tres sectores que son clave: agricultura, energía en los hogares y transporte, ya que generan el 50 % de las emisiones en todo el país. Por eso hay que impulsar soluciones que son buenas para el bolsillo de las personas y reducen nuestra huella en el planeta.
“Estas soluciones ya existen y se podrían afrontar económicamente con voluntad política y justicia fiscal”. Recientemente Greenpeace demostró que con lo que se gasta en subvenciones tóxicas en un año podríamos doblar la acción climática y cumplir el Acuerdo de París con una inversión responsable de 23.000 millones de euros en áreas clave y en beneficio de la mayoría social.
Apostar por la rehabilitación y cambiar la movilidad
Los ecologistas enfatizan la necesidad de apostar de forma por la rehabilitación. La propuesta de Greenpeace es conseguir que se rehabiliten más de 600.000 viviendas al año.
También es urgente un cambio profundo en nuestra la movilidad, sector clave ya que genera el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de España. Por ello, para la organización ecologista es fundamental promover el transporte público, aumentando su calidad y disponibilidad a la mayor parte de la población y el acceso con un abono único asequible, que facilite la intermodalidad y elimine las barreras tarifarias y administrativas entre regiones y comunidades.
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Reformar la agricultura y la ganadería
El cambio también debe llegar al modelo agroalimentario. Reformar la agricultura y la ganadería implica repensar nuestra dieta. Comer sano y local no solo es beneficioso para el planeta, sino también una oportunidad para el empleo rural. En este sentido, Greenpeace propone la creación de un Fondo de Transición Agroecológica, destinado a apoyar a 250.000 agricultores familiares y sociales en su camino hacia una producción ecológica, digna y con mejor acceso a mercados y contratación pública.
En definitiva, se trata de “invertir en soluciones que contribuyan a saldar nuestra deuda con el planeta, con una mayor democratización de la economía y generando más bienestar. Un cambio de sistema es posible y necesario para nuestra generación y las que vengan después”.
