Decenas de personas, convocadas por Amnistía Internacional y otras asociaciones y organizaciones, arroparon este martes ente la Cidade da Xustiza a los ocho activistas a los que se juzga como presuntos autores de un delito de leve de daños, en aplicación de la Ley Mordaza, y que se enfrentan a una multa por una protesta pacífica por el genocidio israelí en Gaza.
La acción del movimento ‘Boicot, Desinvestimento e Sancións (BDS Galiza)’ consistió en pegar adhesivos en un hipermercado de Vigo, en los productos procedentes de los asentamentos ilegales patrocinados por Israel en el Territorio Palestino Ocupado.
“El Gobierno tiene que garantizar el derecho a la protesta de una acción pacífica, sin que los participantes deban temer represalias o su criminalización. No es una cuestión partidista, es una obligación en materia de Derechos Humanos”, señala Isabel Flores, portavoz de Amnistía Internacional en Vigo.
Una vez más, Amnistía Internacional reclama la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley Mordaza), antes de que el próximo 1 de julio se cumplan 10 años de su entrada en vigor. Esta ley tiene que dar paso a una nueva que cumpla con las normas internacionales de Derechos Humanos.
NO al castigo de actos de protesta pacífica
Así, insiste Isabel Flores, “los delitos del Código Penal que afectan al derecho a la protesta deben estar definidos de forma precisa para no criminalizar actos de protesta pacífica como el de estos activistas vigueses contra el genocidio de Israel en Gaza ni imponer penas desproporcionadas. AI sigue cn atención este caso, igual que el de las detenciones en Santiago, en octubre, de activistas que pedían el boicot de Burger King“.
Para la portavoz de Amnistía Internacional, el delito de desordes públicos, recientemente modificado en el Código Penal, debe asegurar que sólo se castigan actos graves de violencia, sin que se pueda sancionar la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivenda, protestan contra la crisis climática o el genocidio israelí.
Como parte de su campaña internacional “Defiende la Protesta”, AI denuncia la deriva represiva de las autoridades de muchos países europeos que optaron por restringir de forma ilegítima el derecho a la protesta, con medidas que van desde actuar contra determinadas consignas, banderas y símbolos palestinos hasta someter a manifestantes a la brutalidad policial y la detención.
Reforma YA de Ley Mordaza, tras una década de regresión en derechos humanos
El 30 de marzo se cumplieron 10 años de la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida como Ley Mordaza por las restricciones impuestas al ejercicio de derechos y libertades fundamentales-.
El próximo 1 de julio se cumplirán 10 años de la entrada en vigor de las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, “que aprobó el gobierno del Partido Popular en solitario, con la oposición frontal y compromiso de dereogación o de reforma del resto de partidos”.
Durante este tiempo, subrayan desde AI, prometiron que así lo harían, pero los procesos de reforma integral impulsados entre 2016-2019 y 2019-2023 no tuvieron éxito. “Exigimos a los grupos parlamentarios del Congreso que el tercer intento de reforma de la Ley Mordaza, iniciado en mayo de 2024, esté acabado antes del 1 de julio“
El pasado mes de marzo, Amnistía Internacional y otras organizaciones reclamaron la que la reforma incluya cinco demandas clave:
- prohibición de la elaboración de perfiles raciales en las identificaciones y registros policiales
- eliminación del rechazo en frontera
- modificación de las infracciones más lesivas para la protesta
- supresión del artículo que sanciona el uso de imágenes de los agentes deurante sus intervenciones policiales
- regulación transparente del uso de material antidisturbios
- control efectivo
- rendición de cuentas
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Impacto de la Ley Mordaza: criminalización de la protesta
Desde su entrada en vigor hasta 2023 -únicos datos oficiales disponibles- se registraron más de 429.000 sanciones por infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana, excluyendo aquellas vinculadas a drogas, armas y explosivos.
Más del 76% de estas sanciones en materia de seguridad ciudadana se impusieron por infracciones de desobediencia, resistencia o negativa a identificarse (artículo 36.6) y faltas de respeto a la autoridad (artículo 37.4). Tanto la Comisaria de DerechosHumanos como laa Comisión de Venecia del Consello de Europa criticaron estos artículos por su impacto negativo en el derecho a la protesta.
En esta década Amnistía Internacional documentó con casos concretos las principais preocupaciones en relación con la Ley de Seguridad, como multas a pensionistas en Madrid y Alcalá por llevar una bandera palestina; el caso del grupo veciñal No a la Tala en Madrid, que acumula 20.000€ en multas por negarse a la tala de más de 1.000 árbores; el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que acumula más de 44.000€ en multas sólo desde 2021, o los 21.000€ en multas por la protesta de estudiantes del grupo Defendemos Palestina ante la visita de la embajadora de Israel a la Universidad Complutense. Asimismo, 27 activistas por el clima estaban investigados por pertenencia a organización criminal debido su participación en acciones no violentas.
