Por un delito continuado de prevaricación administrativa
La sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, que tiene su sede en Vigo, ha condenado al alcalde pedáneo de Bembrive, Marcos Castro González (PSOE), a 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa. La sentencia puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Contratos de compra de sidra
Según la Audiencia, Castro fraccionó contratos menores “para eludir los requisitos legales” en la compra de sidra de la fiesta que se celebra en Bembrive. Así, usó este procedimiento en 2019 y 2020 para adjudicar a la misma empresa esta compra, “de manera directa y sin seguir el procedimiento legal para aquellos contratos superiores a 15.000 euros”.
Asimismo, la sala entiende que lo hizo “con la intención de atentar contra los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidad, conociendo su ilegalidad”.
250.000 euros en total
La sentencia indica que la sidra costó 120.000€ en 2019 y 130.000€ en 2020 y que después de que presentar las facturas a la interventora municipal para su pago, “ésta formulaba, de forma continua, reparo suspensivo, por tratarse de una adjudicación verbal, sin base en contrato administrativo que sustentase esta contratación y por prescindir totalmente del procedimiento previsto para la contratación de suministros que excedan de 15.000 euros”.
De manera “sistemática” el acusado levantaba el reparo y ordenaba el pago, continúan los jueces, quienes concluyen que se Castro es autor de un delito continuado de prevaricación administrativa, “por su participación material y directa en los actos que se le atribuyen”.
A esto se suma, subraya la sentencia que su conducta “constituye una omisión reiterada, voluntaria y deliberada de las normas administrativas que regulan la contratación pública”.
Como su predecesor, Roberto Ballesteros
Marcos Castro ‘sigue los pasos’ de su predecesor en el cargo, Roberto Ballesteros, también del PSOE, condenado tres veces. En concreto, a 7 años de inhabilitación por retirarles sus asignaciones a los vocales del Partido Popular en la Junta Vecinal; después se le condenó a 2 años y 2 meses de cárcel y otros 7 años de inhabilitación, por falsedad documental, prevaricación al pagar una obra que no se ejecutó.
Por último, en marzo pasado, aceptó 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa tras adjudicar a dedo varias obras, entre 2013 y 2016.
