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Denuncian «incumplimiento flagrante de la ley» por parte del Concello, en el conflicto con los comuneros de Cabral

Aseguran que el Ayuntamiento hace «dejación de funciones»

Huelga indefinida, desde hoy, en la limpieza de las dependencias municipales de Vigo

Una treintena de empresas y vecinos de Vigo han remitido al Concello de Vigo un escrito en el que le reprochan su inacción y «dejación de funciones» así como «incumplimiento flagrante de la ley» en el conflicto con los comuneros de Cabral.


Se refieren a la contestación, «de manera elusiva» a una anterior petición para que pusiera en marcha las diversas medidas que viene obligado a adoptar, por la legislación para el apoyo a la reactivación y la protección económica, empresarial y de puestos de trabajo de Galicia.

Evasivas del Concello

En su respuesta, el Concello se limita a dar traslado de un informe de la Xerencia Municipal de Urbanismo, en el que este órgano evita toda mención a esas medidas. La respuesta se limita a indicar, evasivamente y sin negar la responsabilidad del Concello, que no puede intervenir «al no tratarse de patrimonio municipal de suelo adscrito a la Xerencia ni en el momento de su constitución -ya que la transmisión de dicho suelo por parte del Concello es anterior a la creación de este organismo autónomo– ni en el momento actual».

Cuestión entre particulares

En el mismo informe, la Xerencia Municipal de Urbanismo indica, a la treintena de empresas y vecinos de Vigo afectados, que se trata de una cuestión entre particulares en la que carece de competencias. Por ello, les invita a dirigirse a la Xunta para que costeen un complejo proyecto de interés autonómico, a pesar de tratarse de un problema que afecta al término municipal de Vigo.

Ante la contestación recibida por el Concello, a través de su Xerencia de Urbanismo, los afectados denuncian que «el conflicto, habiendo sido originado por el Concello, ahora lo pretende agravar con su actitud de ni tan siquiera informar a los afectados».

Además de ello, le recriminan al respecto que «incumple de manera frontal un mandato que la ley dirige directa y explícitamente a los Ayuntamientos de preservar y potenciar su tejido industrial y los puestos de trabajo consiguientes».

«Inevitables cierres de empresas»

Los afectados advierten también al Concello de que, además de estar atentando contra ese interés del municipio, esto provocará, de mantener su postura, que deba asumir, con el dinero de todos los vecinos de Vigo, elevadas indemnizaciones por los daños y perjuicios determinadas por los inevitables cierres de las empresas o su traslado a otras zonas.

También recuerdan al Ayuntamiento que su obligación de indemnizar no viene precisamente determinada por un conflicto entre particulares. La misma se debe a que el Concello poseyó y vendió esos terrenos cuando ya tenían la condición legal de monte vecinal en mano común.

Por ello, los comuneros de Cabral continúan litigando con el argumento de que se les deben devolver, amparados en la legislación sobre esa clase de montes; según la cual son de la propiedad de los vecinos.

Comprados por terceros de buena fe

Motivo por el que, ante las actuales reivindicaciones de esos terrenos por los comuneros de Cabral, los tribunales se ven obligados a declararles propietarios de esos terrenos ante la rigidez al respecto de la legislación vigente en la materia, a pesar de haber sido los terrenos adquiridos posteriormente por particulares de buena fe, en la confianza de que el Concello era el dueño legítimo de lo que vendía.

Además, subrayan que el Ayuntamiento contaba con medios técnicos y jurídicos más que suficientes para determinar que estaba vendiendo irregularmente esos terrenos, como los tiene ahora para conocer y aplicar las medidas que la ley le obliga adoptar para evitar un conflicto.

Según la documentación del Registro de la Propiedad de Vigo, el terreno vendido figuraba inscrito como una finca de 190 hectáreas a nombre del Concello de Vigo con fecha 22 de octubre de 1954. Posteriormente, el Consistorio fue transmitiendo terrenos de esta parcela a distintas personas y empresas que, a su vez, fueron trasmitiendo las fincas a terceros a lo largo de estos años, sujetos en todo momento a la legalidad, a la buena fe, y a la confianza legítima en la actuación del Concello.

Desde hace dos años, la Comunidad de montes de Santa Marina de Cabral está reivindicando a estos propietarios la propiedad de esos terrenos alegando que son terrenos propiedad del monte desde tiempo inmemorial.

El Concello tiene que asumir su responsabilidad

Desde la Asociación de vecinos y empresarios de Cabral, AVEECA, que reúne a los afectados, se alega que ante la situación de presión por parte de los comuneros, se vieron obligados a solicitar el pasado enero, al Concello vigués, que actuase como parte en este conflicto, ya que adquirieron, de buena fe y bajo el principio de seguridad jurídica, los terrenos que les transmitió dicha Administración Local.

«El Concello debe asumir su responsabilidad en esta situación y actuar, ya que ha transmitido una propiedad que, de ser montes vecinales desde tiempo inmemorial, como dice la resolución clasificatoria, estarían fuera del comercio; es decir, no podrían ser vendidos, y menos todavía por el Concello, que tampoco podría ser propietario de los mismos», explica el equipo jurídico de AVEECA.

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