Por ello, los procuradores de Vigo proponen reactivar de inmediato la actividad judicial en pleno para acabar con el atasco de asuntos sin resolver, más de 20.000, que se acumulan en los juzgados de la ciudad -parte de los 2.835.149 pendientes en el conjunto delos juzgados españoles según los últimos datos publicados por el Consejo General del
Poder Judicial-.
Los procuradores profesionales vigueses calculan que, además, durante los meses de marzo y abril, con la actividad judicial casi totalmente paralizada, dejaron de tramitarse unos 12.000 escritos judiciales, lo que supone una caída del 76% respecto al mismo período del año anterior.
Más personal en los juzgados y apuesta por medios telemáticos
El Colegio de Procuradores de Vigo-integrado por 155 profesionales O Porriño, Ponteareas, Redondela, Tui y Vigo- ha aprobado esta una propuesta de medidas procesales adicionales a las indicadas por las autoridades sanitarias para retomar la actividad reduciendo el contacto físico de los profesionales en las sedes judiciales y la solicitud de nuevas dotaciones de personal para los juzgados que permitan mantener su funcionamiento de forma inalterada durante en el mes de agosto.
La propuesta contempla la ampliación de la capacidad del sistema informático Lexnet y la habilitación de los colegios de procuradores como receptores de las copias de las demandas para evitar que los desplazamientos de profesionales, así como la posibilidad de prescindir del poder apud acta, que autoriza a los procuradores a actuar en nombre de su cliente y que debe ser otorgado físicamente, hasta el momento en el que sea imprescindible la presencia física de los no profesionales en los juzgados.
Los profesionales proponen además que los plazos se inicien en el momento de traslado de documentación entre los procuradores de las partes.
Procurador ejecutivo
Además de todo ello, y dentro del ‘Manifiesto por la agilidad de la Justicia’, los procuradores vigueses instan a la la creación de la figura del procurador ejecutivo, un nuevo operador jurídico que incorporaría a las actuales funciones de los profesionales de la procura, la ejecución de embargos y diligencias, así como la averiguación de bienes o entrega de notificaciones bajo control judicial.
La medida aportaría, sin costes públicos adicionales, a las tramitaciones judiciales a un total de 10.148 profesionales de la procura en España, de los que 739 están colegiados en Galicia.
