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El Gobierno denuncia a la familia del dictador por posesión irregular del Pazo de Meirás

La Abogacía del Estado ha denunciado en los juzgados de A Coruña a la familia Franco por “posesión irregular” del Pazo de Meirás, asegura este jueves en un comunicado la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña.

El presidente del Gobierno afirmó este jueves en TVE que el Ejecutivo exigirá a la familia Franco la devolución al Estado del pazo de Meirás por considerar que “actuaron contra derecho“.

Pedro Sánchez se refirió así a la demanda presentada por el Gobierno en los juzgados de A Coruña para la devolución del pazo de Meirás por entender que su venta a Francisco Franco fue “fraudulenta” porque se produjo tres años después de la primera compra por cuestación popular forzosa.

Los abogados del Estado basan la demanda en un acta notarial de 1938 desconocida hasta ahora que confirma que la propiedad ya era residencia de la Jefatura del Estado.

El documento señala que el pazo de Meirás fue comprado el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro Pazo por 406.346 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán.

El dinero fue adelantado por el Banco Pastor, al que se devolvió con una cuestación popular que, al fracasar, se convirtió en forzosa, con dinero que se restaba de las nóminas de los funcionarios y de las arcas de los ayuntamientos de la provincia.

Tres años después, el 24 de mayo de 1941, se celebró un contrato de compraventa en escritura pública entre Franco -representado en el acto por Pedro Barrié, dueño del Pastor- y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de la escritora.

Según los abogados del Estado, este contrato sirvió para crear “artificiosamente la apariencia de que Francisco Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas”, una cantidad que los letrados califican de “irrisoria”.

La demanda, que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, se presenta contra los nietos de Franco, Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú, junto con la mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia.

El Gobierno reivindica la rectificación del Registro de la Propiedad y la nulidad del título de donación en 1938, la “compraventa fraudulenta” de 1941 y la escritura de partición de la herencia de Carmen Franco.

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