El Fiscal entiende que hubo “prácticas abusivas” por parte de Audasa durante las obras de ampliación del Puente de Rande al cobrar a los usuarios de la AP-9 la totalidad del peaje pese al deficiente servicio que recibieron durante, al menos, tres años.
Por ello, la Fiscalía ha presentado una demanda ejerciendo la acción colectiva en defensa de los usuarios de la autopista al entender que “todos se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad”.
El ministerio Fiscal solicita al juez que declare la nulidad de esos cobros y que condena a Audasa a devolver, a los usuarios que acrediten haber sido afectados, los importes íntegros de los peajes, entre febrero de 2015 y junio de 2018, y que se indemnice con el doble del peaje a todos los usuarios, “conductores o pasajeros”, que puedan demostrar que estuvieron más de 10 minutos en una de las caravanas que se causaron en la AP-9 a causa de las obras.
