Siete años después de la última huelga del sector del metal en la provincia de Pontevedra, en 2009, continúan los juicios a huelguistas. La acusación particular de la empresa Electricidad EIP pide tres años de cárcel y 3.000 euros de multa a un participante en la huelga por un presunto delito de vulneración del derecho al trabajo, entre otros.
Desde la CIG, sindicato al que pertenece, aseguran que se trata de “una petición desorbitada” al tratar de aplicar la legislación más dura “por unos delitos que deberían estar prescritos” y sobre los que la propia Fiscalía pide el sobreseimiento.
Coincidiendo con el juicio, que comenzó a las 12.00 horas de este miércoles, decenas de personas se concentraron a las puertas de los juzgados para expresar su apoyo al trabajador.
