La Agencia Ferroviaria Europea ha vuelto a reiterar, en un comunicado, la falta de independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro de Angrois, y se muestra preocupada por un posible incumplimiento de la normativa ferroviaria europea por parte de España a la hora de autorizar el funcionamiento del tren en 2012.
Exactamente, la Agencia dice que esa autorización “pudiese no haber sido conforme a la legislación de la UE» en el momento en que se dio luz verde al funcionamiento del tren en 2012, el cual posteriormente descarriló en 2013 en la curva de A Grandeira, causando la muerte de 81 personas y produciendo heridas a más de 150.
El organismo europea recalca, además que la Comisión de Investigación se centra en el error del maquinista, pero «deja muchas cuestiones sin contestar y no explora otras causas fundamentales».
