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Las familias buscan culpables en el caso de los ‘miguelianos’

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Primera jornada de la vista contra la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, conocida como ‘Orden de los miguelianos’, investigada por presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, contra la Hacienda Pública y abuso sexual cometido supuestamente por el líder de la organización, Feliciano Miguel Rosenda da Silva, que se encuentra en prisión provisional desde diciembre de 2014.

Esta mañana dos personas acudieron a declarar al Juzgado de Instrucción número uno de Tui en calidad de perjudicados en una causa en la que están siendo investigadas más de una docena de personas y en la que declararán hasta el próximo mes de junio 21 personas entre testigos y afectados.

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Preservar la intimidad

La jornada ha estado marcada por la discreción de los primeros declarantes, el padre de una de las adeptas y la madre, que han aparecido tapados y sin hacer declaraciones a las decenas de medios que se congregaban a las puertas de los juzgados de Tui. La abogada Ana Reguera, representante de familiares de supuestas víctimas, aseguró que existen «pruebas suficientes» que avalan los hechos ilícitos y que lo que buscan las familias es «reparar el daño moral de las víctimas» y que se condene a todos los que hayan cometidos delitos penales.

La Orden y Mandato de San Miguel llegó a tener 400 seguidores y tenía su centro de operaciones en un chalet ubicado en el municipio pontevedrés de Santa María de Oia. Reconocida como asociación pública de fieles con derecho diocesano en 2009 por la Diócesis de Tui-Vigo, en diciembre de 2012 fue investigada por la propia diócesis al tener conocimiento de algunas irregularidades. Tras ser expulsados por las autoridades eclesiásticas en la primavera de 2014, sus integrantes se trasladaron a Collado Villalba y El Escorial.

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