Juzgar a Cristina de Borbón “es quebrantar la igualdad y discriminar de forma injustificada a dos ciudadanos”. Quien ha dicho eso ante el Tribunal que juzga el ‘Caso Nóos’ no fue el abogado de la hermana de Felipe VI, sino el fiscal, el representante del ministerio público, pagado por todos los ciudadanos.
Pedro Horrach dedicó todo su tiempo del primer día del juicio-que no se retomará hasta dentro de algo menos de un mes- en defender a Cristina de Borbón, esgrimiendo para ello un informe de Hacienda, que es favorable a la hermana del Jefe del Estado, y citando varias sentencias para pedir al tribunal que aplique a su caso la ‘doctrina Botín’, que impide inculpar a alguien si así lo pide la Fiscalía y el perjudicado-en este caso, la Hacienda Pública-. Claro que cuando se le aplicó a Emilio Botín, la Fiscalía y el abogado del Estado coincidían en que no había delito, en el caso de la ex duquesa de Palma esta circunstancia no se da.
Con todo no fue la intervención del fiscal Horrach la que causó la mayor indignación, dio más vergüenza la de la abogada del Estado-que debe velar por los intereses de todos-. Dolores Ripoll, en un tono mucho más enérgico en defensa de la hermana del Rey enfatizó, refiriéndose a su caso que “la frase Hacienda somos todos debe circunscribirse únicamente al ámbito para el cual fue pensada: el de la publicidad”.
A juicio de Ripoll- que depende orgánicamente del Ministerio de Justicia y que tenía encomendada ayer la defensa jurídica del Estado y de sus principales instituciones- señaló que este tipo de delito, el de blanqueo y fraude fiscal de los que está acusada Cristina de Borbón, no cuenta con un perjudicado concreto que pueda personarse en el procedimiento.La abogada del Estado concluyó, “no existe base legal para afirmar que el delito contra la Hacienda Pública es un delito de los que, por definición, carece de perjudicado, es el erario público, y la Hacienda Pública estatal puede ejercer las acciones que considere pertinentes en el ejercicio de sus derechos”.
Por supuesto, Hacienda-sumándose a los otros dos representantes de los intereses generales, el fiscal y la abogada del Estado- tampoco ve delito alguno en el hecho de que Cristina de Borbón, según señaló en su día el juez instructor del ‘Caso Nóos’, cooperase en vaciar las cuentas del Instituto de Nóos a través de Aizoon-empresa de la que era propietaria al 50% con su marido- librando facturas contra el instituto por servicios falsos, y haciendo pasar gastos personales como deducibles al Impuesto de Sociedades.
Hay que recordar que el juez instructor estimó que participó en la “contratación ficticia de personal para obtener beneficios fiscales”, hizo un ‘autoalquiler ficticio’ de una vivienda a su nombre y cargó a la sociedad fiestas, un catering para su cumpleaños o un safari.
