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Galicia

Después de 31 multas declaradas ilegales, Afectados por las Preferentes piden a la Fiscalía que investigue «qué y quiénes están detrás de ellas»

Preferentes4La Plataforma de Afectados por las Preferentes del Baixo Miño ha pedido a la Fiscalía de Pontevedra «que investigue qué se esconde detrás» de las multas que les han impuesto como «represalia» ya que aseguran que «aquí hay algo oscuro”.

Durante una concentración en Pontevedra, este miércoles, para apoyar a uno de sus miembros, Avelino Guisande, que debía de comparecer en juicio por una multa que le fue impuesta el 30 de septiembre por una protesta en el Concello de Porriño, el portavoz de esta plataforma ha reiterado que este colectivo “ha sido represaliado por las administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular, mediante multas y sanciones” que, como están ratificando los jueces “se impusieron injustamente a las personas a las que nos habían estafado por protestar pacíficamente”.

Hay que recordar, hasta ahora, y a falta de otras cinco multas pendientes de juicio, los Afectados por las Preferentes han ganado 31 recursos interpuestos a las sanciones que les han ido llegando y solo han perdido dos de ellos. Pese en esos 31 casos la Justicia dejó claro que las multas no eran legales, nadie, ni en la Subdelegación del Gobierno ni en los Cuerpos de Seguridad del Estado o Policía Local de distintos concellos, ha asumido responsabilidad alguna.

Este fue el caso, entre otros, de Domitila Vicente, cuya sanción fue declarada ilegal por el Juzgado de lo Contencioso tras ser acusada-pese a su edad, 83 años, y sus dificultades físicas, debe caminar con un andador- de ‘saltarse’ un cordón policial o tener una conducta violenta, acusaciones que fueron hechas por un agente de la Guardia Civil que, como informó en su día vigoalminuto, se acerca al 1,90 metros de estatura y supera los 100 kilos de peso.

En una situación similar está Avelino Guisande, quien declaró este miércoles en el juzgado por gritar “¡o entramos todos o ninguno!” al no poder acceder al Pleno del Concello de Porriño-donde finalmente no entraron. «Después de unos días y sin que nadie me hubiese pedido una identificación en aquel momento, me llegó a casa una multa de 100 € de la Subdelegación del Gobierno».

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