Según desvela este sábado El País, las tarjetas de representación de Caja Madrid, aprobadas en 1988 para el uso exclusivo de actividades ligadas a la gestión financiera de la entidad, tuvieron hasta 1996 un límite 600 € mensuales- para consejeros de la entidad y directivos de la misma- no podían usarse para sacar dinero en los cajeros, su tratamiento contable e informático era igual que una tarjeta normal, de la que tenemos cualquiera, y su uso era vigilado por un comité de auditores que hacía un seguimiento minucioso de los gastos que hacían con ella quienes la tenían.
Cuando Miguel Blesa llegó a la presidencia de la Caja, en 1996, cargo que ocupó hasta 2010, las cosas cambiaron: en el año 2000 se subió el límite a 1.300 € y luego, consecutivamente, a 2.500, 20.000 € anuales y en 2006 llegó a 40.000 €. Los directivos y vicepresidentes tenían un límite mensual de 6.000 €- solo para gastos- y gozaban, aparte, de la posibilidad de usarla para retirar dinero en cajeros.
La contabilidad se hizo opaca. Los gastos y retiradas con estas tarjetas se contabilizaban en las cuentas de los órganos de gobierno, en las que se metían todo tipo de gastos y que eran conocidas por muy pocas personas dentro de la Caja, o a otra a cuenta de Administración, a la que se imputaban desde morosos, pasando por problemas en los cajeros, y que no estaba auditada ni controlada.
