El primer acto en contra del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (CGPJ)- aprobado el 4 de abril en Consejo de Ministros- que dejaría a Vigo sin partido judicial, es un concierto de la Coral Casablanca. Así es: el viernes, día 27, en la Porta do Sol, quienes lo deseen pueden sumarse a esta protesta y, además disfrutar de la música.
De convertirse, finalmente, en ley, este anteproyecto significaría que Vigo dejaría ser una sede autónoma judicial para pasar a depender, completamente, de Pontevedra, en donde se establecerían Tribunales Provinciales de Instancia- que supliría al actual partido judicial vigués- de manera que para tramitar los principales asuntos habría que desplazarse a Pontevedra y, en los casos de recursos y apelaciones viajar hasta A Coruña.
Este planteamiento- pese a que fue avalando en un primer dictamen, no vinculante, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– implica, de hecho, que Vigo, primera ciudad de todo el noroeste en número de asuntos judiciales, pasase a ser una simple ‘subsede’ de la capital de la provincia.
Dicho de otra manera: la jurisdicción efectiva sobre 82.000 asuntos anuales pasaría a estar en Pontevedra, donde este número es de 19.000 – 4 veces menor- y, en caso de tener que acudir a un tribunal de apelación, la dependencia de A Coruña, donde sus órganos judiciales entienden, cada año, de 48.000 asuntos– algo más que la mitad que en Vigo-.
Las posibilidades para evitarlo pasan por la retirada del anteproyecto– algo que no parece factible a la vista de las declaraciones del ministro Gallardón- por el establecimiento de una excepción, en la nueva ley, para el caso de Vigo – a la vista de que se tramitan en la ciudad más asuntos que en capitales como Valladolid (con 61.000) o Bilbao (65.000), además de las ya citadas Pontevedra y A Coruña- o que la capital judicial de la provincia se estableciese en Vigo sumando a ello una segunda sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia-.
Estas son las alternativas que defienden todos los estamentos locales relacionados con la justicia- desde los procuradores a los abogados- y que se suman a las críticas contra la reforma del propio Tribunal Supremo, a las de la Comisión Nacional de Jueces Decanos, a la petición de cambios en el anteproyecto, formulada por la Audiencia Nacional, y hasta a las mismas recomendaciones de la Comisión Europea.
¿Qué pasará a partir de ahora? Este mismo jueves, día 26, el primer informe, favorable al planteamiento del Ministerio de Justicia, irá al Pleno del Poder Judicial para su votación. Es posible que, tal y como han anunciado varios de los vocales progresistas del Consejo, estos presenten un texto alternativo que recoja la excepcionalidad de Vigo; si el mismo fuese rechazado, el ministro Gallardón puede decidir aceptar la recomendación del Consejo o no hacerlo– puesto que el informe es preceptivo pero no vinculante-.
En el caso de que lo haga, en el trámite parlamentario, los diputados del Partido Popular que representan a Galicia en el Congreso podrían forzar a que se introduzca una enmienda en la que se plasme el caso de Vigo. Ello sería más fácil si esa posición fuese defendida por el Gobierno de Galicia que puede presentar, en este sentido, su propio informe al Ministerio de Justicia.
