El interventor general del Estado, José Carlos Alcalde – que depende del Gobierno y que se encarga del control de legalidad, además del económico de la actividad pública- se ha acogido a su derecho a no declarar– demostrando la anunciada ‘cooperación gubernamental’ en el esclarecimiento de esta causa- ante el instructor de la causa judicial abierta tras el accidente de tren del 24 de julio de 2013, al igual que hicieron once miembros de la cúpula de Adif en 2011 que, como él, fueron imputados en el caso.
El juez Luis Aláez había citado este lunes, a primera hora, a Alcalde, que formaba parte del consejo de administración de Adif en 2011, cuando entró en funcionamiento la línea entre Santiago y Ourense, donde se produjo el descarrilamiento del Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol.
El juez quería escuchar su declaración antes de dejar la instrucción del Accidente de Angrois- puesto que el día 20 se incorpora a su nueva plaza como titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago- .
