La obligación de los usuarios a identificarse para poder emplear los servicios de locutorios o cibercafés, se encuadra en las novedades de la ley de seguridad ciudadana. El Ministerio del Interior declara que se realiza por motivos de lucha contra el terrorismo islámico, junto a ciberdelitos.
El proyecto de ley integrado en Potestades especiales de policía administrativa de la seguridad, establece que ninguna persona sin documentar pueda utilizar el teléfono público o Internet de estos espacios. Diversos organismos han criticado la propuesta, recalcando que es una medida para controlar a los inmigrantes sin papeles, un hecho inconstitucional al afectar a la libertad y al principio de igualdad ante la ley.
Los dueños de los establecimientos deberán almacenar las fotocopias de los documentos de identidad de sus usuarios, que pueden ser requeridas por las autoridades cuando lo demanden. La norma contempla sanciones económicas desde los 1.001 euros hasta los 30.000.
