“La justicia universal promete mucho pero al final nunca se consiguen nada más que conflictos”. Esta frase del portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso resume finalmente, el espíritu que mueve la reforma de la Jurisdicción Universal – regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- impulsada por el Partido Popular y que se debate este martes en el Congreso de los Diputados.
¿Para qué servirá esta reforma? Esencialmente para limitar las actuaciones de la justicia a los casos en los que sean criminalmente responsables los españoles de nacimiento o nacionalizados y que, de hecho, impediría actuaciones como la de Garzón cuando logró que se retuviera al asesino ultraderechista Pinochet en Londres y, de paso, pondría supondría el archivo de causas contra soldados estadounidense por la muerte del periodista José Couso- asesinado por fuerzas militares de los Estados Unidos en Irak– el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas por parte de militares salvadoreños de extrema derecha; las denuncias por los miles de casos de ablación genital, la causa abierta contra los genocidas de Ruanda por la muerte de 4 millones de personas en los años 90- entre ellas 9 españoles– la masacre y tortura por parte de los altos cargos guatemaltecos- también de extrema derecha- contra la población maya o, mucho más reciente- de este mismo lunes- la orden de detención internacional-a la que se ha opuesto el fiscal- por el genocidio contra el pueblo tibetano dictada por el juez Ismael Moreno por el genocidio tibetano contra la cúpula del Gobierno chino, incluyendo a los ex presidentes Jiang Zemin y Hu Jintao y el ex primer ministro Li Peng.
Además, el Gobierno tiene prisa porque esta reforma se apruebe y por ello, en lugar de tramitar la misma mediante un proyecto de ley, el grupo parlamentario del Partido Popular ha presentado una proposición de ley, ¿por qué? pues porque ello permite acelerar su tramitación y, de paso, saltarse los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado.
