Las tarifas de los servicios básicos prestados por las administraciones públicas como el transporte, la telefonía, el agua los peajes, el tren o los servicios postales, no se actualizarán con el IPC – el coste de la vida– a partir del año que viene en virtud de una ley que el Gobierno espera aprobar antes de que acabe este 2013 para que entre en vigor el 1 de enero próximo.
El objetivo es desvincular del IPC los precios que se fijan en la prestación de servicios para contribuir a la “estabilidad de precios y a la moderación” que se aplica en otros ámbitos de la economía. Por ello, la nueva norma derogaría cualquier vinculación directa al ‘precio de la vida’ en los precios y servicios regulados o prestados por las administraciones públicas, de forma que nada se actualizaría según el IPC desde el 1 de enero de 2014.
En un primer momento, la norma no afectaría a las pensiones – aunque sí lo harían más adelante en virtud de la reforma de las mismas que aprobará el Gobierno y que supondrá una importante pérdida de poder adquisitivo para l@s jubilad@s – impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial.
Hasta ahora, los precios servicios básicos se actualizaban el 1 de enero utilizando la referencia del IPC y considerando algunos factores, según fuentes del Ejecutivo, la eliminación de esta referencia supondría analizar cada una de las subidas “teniendo en cuenta únicamente los costes de prestación de esos servicios”.
