La mitad de las 60.000 personas que tienen preferentes en Galicia no lo saben. Eso es lo que afirma el abogado vigués Agustín Gándara, que el pasado viernes ejerció de anfitrión su despacho, Gándara Moure, de una interesante charla a la que asistió Juan María Pita, secretario de la Junta Arbitral.
Gándara apunta que “la mitad del capital que está en Preferentes no se ha manifestado”, no hay reclamaciones, no ha ido al arbitraje ni ha presentado reclamación judicial (sólo un 1% de los afectados a optado por este procedimiento con un total de 180 pronunciamientos a favor de los afectados y 2 favorables a Novagalicia Banco) para recuperar su dinero. Para este abogado, que no ha dudado en calificar de “auténtico corralito” lo que ha sucedido con este tipo de productos financieros, la mejor opción para quienes no han acudido a los arbitrios es la vía judicial, eso sí, recomendaría esta alternativa a aquellos ahorradores que tuviesen más de 25.000 € ‘atrapados’ en Preferentes.
Una vez que se produzca una decisión judicial, que puede tardar un año, explica, recuperarían su dinero sin tener que esperar a la resolución de posibles recursos por medio de las entidades, eso sí, de esa cantidad habría que detraer los intereses cobrados. Ello es así, recalca, porque esta vía “plantearía la nulidad”, lo cual supondría “volver al principio”, dicho de otra manera, al momento en el que el cliente entró por la puerta del banco con su dinero. Ello supondría que el contrato firmado no tendría validez, por ello no habría derecho a intereses por parte del cliente ni a retener el dinero por parte del banco. Siguiendo la reclamación judicial el ahorrador perdería “aproximadamente un 10% de su dinero”, cantidad necesaria para cubrir los gastos judiciales, como contratar a un abogado y a un procurador.
A los motivos económicos, Agustín Gándara suma otro para optar por llevar estos asuntos delante de un juez, “la vía judicial es la única que no es manipulable por parte del Estado”, como han demostrado las, aproximadamente, 500 sentencias que se han dictado hasta la fecha. En estos casos no hay posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o cualquier otro organismo decida si hay que imponer una ‘quita’ o canjear el dinero por acciones o hay que mantenerlo en el banco durante un tiempo. El contrato sería nulo y el cliente recuperaría lo que ha ingresado. Sin más.
En relación con la quita, Gándara cree que será de media, tanto para Preferentes, como para deuda subordinada, “de un 50% del total” de lo depositado y en lo que se refiere a los arbitrajes, su percepción es que seguirán durante un mes más y luego los ahorradores que no hayan entrado en la misma tendrán que decidir si aceptan las condiciones adelantadas ya por el Ministerio de Economía, y asumen la quita u optan por la vía judicial. Para este segundo caso, asegura, el Consejo del Poder Judicial ya ha tomado medidas de refuerzo de los juzgados ante la posible avalancha de demandas.
Cuando le preguntamos por los criterios que están siguiéndose en los arbitrajes para decidir a quién se llama antes y a quien después, este abogado coincide con lo asegurado por el secretario de la Junta Arbitral, primero a las personas con enfermedades graves o en situación de dependencia, a continuación a quienes no llegaron a firmar realmente el contrato de Preferentes, y luego, quienes estén en una situación económica grave o de extrema pobreza. Cuando le preguntamos si es cierto que algunos de los representantes y portavoces de las plataformas de afectados han recibido cartas para cobrar, asiente, dando credibilidad a las informaciones que señalan que ha sido así y que ello tenía como objetivo restar fuerza a estos movimientos ciudadanos.
Por su parte, Juan María Pita confirmó durante el encuentro que el número de laudos arbitrales que se están dictando en este momento está en 78 diarios – a finales del año pasado eran, de media, 110 -, aunque no explica el motivo de ese descenso, Agustín Gándara, durante la charla mantenida con vigoalminuto apunta a que se ha reducido el número de personas que la consultora encargada de los mismo, tenía destinadas a esta tarea, un descenso que, según distintas informaciones, ha podido ser de 14 a 4 personas durante el último mes o las últimas seis semanas.
Pita defiende los criterios que se siguen para citar a los afectados y, tras descartar completamente un criterio cronológico, subraya que lo primero que se considera es “la mala comercialización del producto”, además de estimar el perfil del reclamante, si es inversor o ahorrador, para lo cual se considera los movimiento bancarios históricos.
