La Dirección General de Policía ha remitido a todas las comisarías y dependencias policiales una orden urgente en la que indica a los agentes que no usen la palabra «escrache» cuando hablen de este tipo de acciones y se refieran a ellas como «acosos, amenazas y coacciones».
El texto de la orden, difundido por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) dice “en todas las comunicaciones, escritos y diligencias en las que se notifique que se han producido acosos, amenazas y coacciones a representantes políticos, dejará de utilizarse el término ‘escrache’» y, a partir de ahora, se use “la acepción castellana correspondiente», entre las que propone «acoso, amenazas o coacciones».
Este tipo de acción ha sido utilizada durante las últimas semanas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para pedirle a los diputados del PP que apoyaran la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, son algunos de los políticos que han sido objeto de un escrache.
El SUP considera que «en un escrache, seguimiento o manifestación pacífica, puede haber o no coacciones, amenazas o acoso», y por ello, pide a los agentes que «no imputen ningún acto delictivo sin poder demostrar que se ha cometido», y que esperen a que «el acosado, amenazado o coaccionado presente la denuncia, porque no hay garantía de protección jurídica» para actuar antes.
