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El PP no dispone de la contabilidad anterior a 2004 y no está obligado a guardarla desde 2007

El Partido Popular no dispone de la contabilidad anterior a 2004 y, por ello no la entregará este miércoles en la Audiencia Nacional. Hoy vence el plazo que el juez Pablo Ruz estableció, en un auto el pasado 15 de marzo, en el que daba un plazo, “improrrogable” de 15 días a los responsables del PP para presentar la información sobre sus cuentas, operaciones bancarias y donativos desde 1990.

Además de ello, los asesores legales de los populares podrían alegar que tampoco están obligados a entregar documentación alguna anterior a 2008 puesto que la formación política no tiene obligación legal de guardar esa contabilidad más allá de cinco años, que es el tiempo en el que prescriben los delitos fiscales.

Si no entrega dicha documentación en la Audiencia Nacional, sería la segunda vez que el Partido Popular incumpliría una orden judicial: el pasado día 11 el juez Gómez Bermúdez, dio una semana al PP para que entregase la relación de donaciones recibidas por el partido de 2002 a 2009, un requerimiento que los populares no han atendido.

Ambas circunstancias tienen especial relevancia; en primer lugar porque en  los ‘Papeles de Bárcenas’ se incluiría la contabilidad del PP de 1990-2008; en segundo, porque las anotaciones reflejarían pagos sistemáticos, desde 1997 a todos los secretarios generales y vicesecretarios, incluido el actual presidente del Gobierno, entonces vicesecretario general de los populares y, en tercero, porque las declaraciones de Renta y Patrimonio hechas públicas por Mariano Rajoy corresponden a los ejercicios de 2003 a 2012, esto supondría que, de haber existido los pagos que detallan los ‘papeles de Bárcenas’, no podrían cotejarse con las declaraciones fiscales del presidente de 2003 a 2007 y, en el caso de que demostrarse  la veracidad de la mencionada contabilidad, únicamente sería posible comprobar si Rajoy las reflejó en su declaración de la Renta de 2008.

A todo ello se añade que, pese a que Rajoy anunció el 21 de enero que se realizarían dos auditorías, una externa y otra interna del Partido Popular, además de una investigación, que dirigiría la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ninguna de ellas se ha realizado.

 

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