El Partido Popular ha anunciado por medio de un comunicado que va a interponer una querella por injurias y calumnias contra Izquierda Unida y los demás firmantes de la denuncia presentada este jueves en la Audiencia Nacional. En dicha denuncia se imputa a miembros del grupo parlamentario popular y a varios dirigentes del partido la comisión varios delitos graves. En concreto, el texto de la misma dice que “todo apunta a que estaríamos ante una práctica sistemática, organizada y coordinada, incrustada desde hace años en el núcleo de la más alta dirección del Partido Popular convirtiendo a dicho partido político en un instrumento y en una estructura de vocación delictiva que, además, por su control mediato de los distintos resortes del poder del Estado, permitiría asegurar a los responsables de dichas actividades delictivas altos niveles de impunidad”.
La querella añade, “podríamos estar ante una estructura permanente de carácter delictivo organizada desde y en el seno del Partido Popular, es decir, ante una asociación ilícita o grupo delictivo organizado, que desde la estructura de dicha organización política y bajo su cobertura habría estado cometiendo las actividades delictivas que integran los títulos de imputación de la presente querella, con la finalidad de satisfacer la voluntad de donantes-sobornadores y simultáneamente enriqueciendo a los miembros integrantes de la asociación ilícita, así como alegando ‘recursos extra’ para financiar ilegalmente al propio Partido Popular”.
Curiosamente, el PP ha tardado apenas unas horas en demandar a Izquierda Unida y ha pasado ya casi un mes desde que el vicesecretario de Organización del partido anunció acciones legales contra el ex tesorero Luis Bárcenas y contra todas las personas que hayan tenido o tengan relación la presunta contabilidad B del partido…algo que, a día de hoy, no ha llevado a cabo.
“Tomaremos las medidas pertinentes para defender la honorabilidad del Partido Popular, así como el daño que están haciendo a su imagen y a la reputación de sus dirigentes”, anunciaba Carlos Floriano hace más de tres semanas.
Desde entonces solo la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, ha dado ese paso. Hace una semana, presentó en los Juzgados de Toledo, una demanda civil contra Bárcenas y contra la sociedad editora del diario El País. Ese mismo día declaro que “a lo largo de los próximos días el PP y las personas afectadas por determinadas informaciones iniciarían las acciones legales”, una afirmación que, aclaró, abarcaba a “todos” los que el partido considerase que faltasen a la verdad con respecto a la gestión de la formación.
