Abogados, procuradores, partidos políticos y sindicatos de la administración de la justicia, unidos en la plataforma ‘Xustiza para todos’, han recogido un total de 15.000 firmas en contra de la Ley de Tasas Judiciales, tras una campaña iniciada el pasado 4 de diciembre. El portavoz de esta plataforma, acompañado de representantes de cada colectivo que forma parte de la misma, informó de ello este jueves y adelantó que estarán en la manifestación convocada este sábado, día 19 en Madrid, en la que se hará entrega de todas las firmas recogidas en España, “500.000”, en el Ministerio de Justicia.
Pablo Valeiras ha calificado de “ataque al Estado de Derecho y al Estado de Bienestar” esta ley que, indicó, “además de ser inconstitucional, al vulnerar el derecho a tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24 de la Constitución”, instaura una Justicia de Ricos y una Justicia del resto, de manera que “ya no vale que un ciudadano crea que tiene derecho a reclamar, sino si ejercer ese derecho será rentable”.
En opinión de la Plataforma, lo que ha intentado el ministro Gallardón, “además de lograr poner de acuerdo a gremios tan dispares como jueces, abogados, fiscales, funcionarios o secretarios judiciales”, ha sido reducir el número de litigios, “no poniendo personal o medios, sino evitando que se recurra a la Justicia”.
Valeiras ha denunciado las “medias verdades de Gallardón”, como que la ley instaura las tasas judiciales para abrir la justicia gratuita a los menos pudientes, “esto es mentira: pagaría lo mismo para hacer valer sus derechos Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que una familia cuyos ingresos, conjuntos, fuesen de 1.058 € mensuales”. “Pongamos por ejemplo que esa familia quiere reclamar una indemnización de 600.000 € por una negligencia médica, para empezar a hacerlo tendría que pagar unas tasas de más de 11.00 €, sin contar los gastos de abogado, procurador o peritos”.
Además de ello, Pablo Valeiras ha recordado que el ciudadano está “completamente indefenso contra la Administración”, ello es así porque mientras que las personas tienen que pagar las tasas para iniciar un procedimiento contencioso-administrativo, “todas las administraciones están exentas del pago de esas tasa y, además disponen de abogados públicos, pagados con los impuestos de todos, lo cual deja a los ciudadanos completamente indefensos ante la administración”.
La Plataforma ha denunciado, además, que hay una clara intención de privatizar los Registros Civiles, poniéndolos en manos de notarios y registradores, “que se hicieron de oro durante los años de la fiebre inmobiliaria y que ahora pasarán a cobrar hasta 30 € por una simple certificación de matrimonio o de nacimiento, algo que se pide de manera tan habitual para todo, empezando por la matrícula en un colegio”.
Por todos estos motivos, Valeiras aseguró que ya hay jueces que no están aplicando estas tasas, como en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ha acordado no cobrar las mismas mientras no se reforme la Ley de Justicia Gratuita que “entiende que está por encima de la de Tasas Judiciales”.
