La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este martes un informe que pone en duda la constitucionalidad de las reformas que el Gobierno ha propuesto para el Código Penal. El dictamen, que ha sido aprobado por tres votos frente a dos, pone en duda especialmente la prisión permanente revisable. “que difícilmente encaja, dice, con la finalidad de la reinserción que la Constitución prevé para las penas”, y la custodia de seguridad, dos de las medidas más destacadas.
Fuentes del CGPJ han informado de que la resolución ha sido adoptada esta mañana y podría ser incluida en el pleno extraordinario el próximo día 16 de enero para que se publique un dictamen definitivo.
Eso sí, pese a que los jueces pudiesen considerar que estas normas son contrarias a la Constitución, su dictamen no es vinculante, lo que significa que no se paralizaría la tramitación parlamentaria de la reforma. Esto es así porque, al contrario de lo que sucede en otros países de la Unión Europea (UE), las leyes orgánicas, como el Código Penal o la Ley Orgánica del Poder Judicial (que afecta al CGPJ) deben ser sometidas a los informes, preceptivos pero no vinculantes, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
