El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, indicó este jueves que son las autoridades españolas, y no el fondo de rescate de la UE, las que deben compensar a los titulares de preferentes «engañados» que obtengan sentencias o arbitrajes favorables.
«Si hay una sentencia judicial o un laudo arbitral con carácter jurídicamente vinculante equivalente al de una sentencia judicial, las entidades tienen que cumplir», señaló Almunia.
Al respecto, manifestó que esa compensación deberá ser financiada con recursos que busquen las propias entidades «o con recursos que se puedan allegar por parte de las autoridades correspondientes del Estado miembro, en este caso de España».
Según Almunia, existen fórmulas para que las autoridades del país donde se han producido esas prácticas abusivas, que calificó de «engaños», encuentren la manera de compensar a las personas.
Con respecto a la quita del 60% anunciada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, Almunia se limitó a señalar que el memorándum establece una metodología uniforme para calcular las quitas y que son las autoridades españolas las que deben anunciar los resultados en cada caso.
