Al director general de la Policía no le gusta que se vea a agentes de los antidisturbios extralimitándose en sus funciones y, por ello, ha reconocido este jueves que “se está estudiando la prohibición de captación, reproducción y tratamiento de imágenes, sonidos y datos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se encuentren en el ejercicio de sus funciones”.
Durante un acto en Madrid, organizado por varios sindicatos, entre ellos la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio Cosidó, ha declarado que esta prohibición se aplicaría cuando “las imágenes en cuestión puedan poner en peligro la integridad del agente policial o en riesgo la operación”…aunque no ha aclarado quién podría aplicar esa prohibición y, mucho menos, quién decidiría que dichas imágenes ponen en peligro la integridad de los agentes. Esta y otras medidas, que se incluirían en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, “lo único que pretenden es establecer las medidas más adecuadas para facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana”, indicó el director general, “especialmente cuando la integridad física se puede ver amenazada así como la conservación de bienes públicos o privados ante situaciones violentas”.
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Para Cosidó, este es un problema que se deriva de “estos tiempos complicados” en el que se ha “incrementado la violencia contra la Policía en momentos puntuales de agitación”. Entre esos momentos difíciles para los agentes, citó como ejemplos las manifestaciones del 15-M o las protestas de los mineros en Asturias y Madrid, que “pone de manifiesto un avance en la aceptación de una cultura de violencia, una cultura que mina las bases de una sociedad pacífica y solidaria”.
El director general, que en ningún momento hizo mención o pidió disculpas por los casos de brutalidad policial, sí que recalcó que es necesario “dar seguridad a los policías es un principio básico, un eje fundamental de la política de seguridad del Gobierno”, algo que le preocupa tanto que, como ha avanzado, “pese a las dificultades presupuestarias, ya se ha puesto en marcha la futura adquisición de hasta 20.000 chalecos antibalas.
Por supuesto, durante esta comparecencia, Ignacio Cosidó no hizo mención alguna al derecho de manifestación, recogido en la Constitución, cuyo artículo 21, por si el director general no se lo ha leído, dice “se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.
