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El Gobierno recorta, este año, 483 millones en ayudas a los dependientes

Exactamente se trata de un recorte del 13% en el conocido como ‘nivel mínimo’, cantidad que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente, y que tiene establecido un baremo en función de la gravedad de su dolencia. De acuerdo con lo publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta cantidad se reduce en 200 millones, cantidad a la que hay que sumar los 283 millones que el Gobierno dejó de transferir a las autonomías, en concepto de protección de los beneficiarios del Sistema de Dependencia, en los Presupuestos Generales del Estado.

A estos recortes, que en conjunto suponen apenas un 30% de lo que han percibido los grandes directivos de los bancos en el pasado ejercicio, hay que añadir la reducción del 15% de la prestación que percibían los cuidadores familiares, que puede ser aún mayor, puesto que el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo autoriza a las Comunidades Autónomas a ampliar esa reducción. Según los primeros cálculos que han hecho varias asociaciones, esto supone que una familia que percibía 550 € para la atención de una persona dependiente se quedará en unos 460…y la persona que lo cuidaba sin cotizar a la Seguridad Social. Así es, puesto que entre las medidas, no especificadas por Rajoy en su intervención en el Congreso, pero que sí se han añadido al decreto publicado en el BOE, se suma que, el 31 de agosto se suspenden las cotizaciones a la Seguridad Social que el Estado pagaba a aquellos familiares que cuidaban de un dependiente en casa.

Desde el 1 de septiembre el cuidador contará con una bonificación del 10%, siendo a cargo de la Administración General del Estado el 5% del total de la cuota, y el 85% restante a cargo del cuidador no profesional… y en enero de 2013, el cuidador no profesional deberá hacerse cargo del 100% de las cotizaciones sociales.

Por si todo esto fuese poco, las más de 270.000 personas que tienen ya garantizada por ley una ayuda como dependientes tardarán más en cobrar: sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle, un plazo que las Comunidades Autónomas pueden ampliar hasta 8 años. ¿Cómo era aquello que gritó la diputada Andrea Fabra cuando el presidente del Gobierno hablaba de los recortes?

 

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