Las encargadas de entregarlas han sido las presidentas de la junta de personal y del comité de empresa de la Xunta. Las 4.000 firmas piden la retirada del anteproyecto de ley de medidas en el empleo público, que el Parlamento de Galicia aprobará este martes. Los empleados públicos, que también han presentado una alternativa al texto, hacen, asimismo, una solicitud a los dos partidos de la oposición, BNG y PSdG-PSOE, para que se sumen a esta iniciativa y voten en contra del anteproyecto.
Todos los sindicatos con representación en la administración gallega, que se sumarán a una protesta delante del Pazo do Hórreo mañana, y que hoy podrían decidir en asamblea encerrarse en distintos edificios de la Xunta, han criticado el camino seguido por el gobierno Feijóo. Para CCOO, UGT, CIG, USO y CSI-CSIF, en el que no se ha tenido en cuenta la opinión de los empleados públicos y se han mostrado dispuestos al diálogo y a tomar medidas, consensuadas con el ejecutivo autonómico, para luchar contra el absentismo, ponerse de acuerdo en un plan de recursos humanos y llegar a un acuerdo para mejor la eficacia y eficiencia del servicio que se presta a los ciudadanos.
Sino es así, han advertido que, entendiendo que se trata de negociar un convenio a través de una ley, que se les ha ocultado información, que no se ha tenido en cuenta sus propuestas y desde la seguridad de que atenta contra la legislación laboral, presentarán un recurso contra la ley una vez sea aprobada.
