Cerró sus puertas en 2001, dejando a 1.060 trabajadores en la calle y una de las fábricas más grandes de la ciudad abandonada, tanto que al final tuvieron que echar a familias enteras que habían hecho de las instalaciones de Cabral su casa y que estaban desmontando una de las factorías del Grupo de Empresa Álvarez en Vigo poco a poco. Lo que se preveía el final del conflicto después de 15 años de impagos, demandas y juicios, la venta de las viviendas, sólo ha abierto una nueva puerta a los enfrentamientos.
Medio centenar de extrabajadores se concentraban a las puertas del despacho del abogado José Pérez Pousa, que lleva el expediente de unos 500 de los antiguos empleados, reclamando la parte que les corresponde de la venta de las viviendas sociales que la fábrica construyó en Santa Clara para sus trabajadores. Los inmuebles salieron a subasta el pasado 26 de noviembre y, como se preveía, nadie pujó por ellas. Por eso, el Juzgado de los Social número 2 de Vigo emitía en marzo los títulos de esas 96 viviendas, construidas en 1954, la mayoría cedidas a trabajadores de Álvarez de primera o segunda generación. Los precios, entre los 18.000 y los 30.000 euros, dependiendo del tamaño. El destino del dinero, pagar parte de la deuda de GEA con los trabajadores, que se estima que superaba los 60 millones de euros: con suerte tras la venta de los terrenos de las empresas de Cabral y Coruxo, los trabajadores recuperarán entre el 20y el 40% de lo que les deben.
Una parte de los afectados, el 47% de ellos, denuncia ahora que tras meses de negociación conjunta ahora el abogado Pousa “ha negociado por su cuenta y ha repartido sólo entre los trabajadores que representa, el 53% de ellos, el dinero”, explicaba Rafael Iglesias, secretario comarcal de la CIG en Pontevedra. Los afectados, unos 200 trabajadores que negociaban a través de la CIG y otros 300 repartidos entre distintos grupos. “Después de todo el proceso unitario que hemos pasado acabar así es triste. Nos parece una situación profundamente injusta. Los trabajadores van a cobrar una parte mínima de la deuda, pero no puede ser que unos se repartan todo el dinero y otros no cobren nada”, salienta.
Se trataría de más de un millón de euros. Ahora el proceso, que por fin veía el final del túnel después de 15 años, continúa con un requerimiento notarial del estado de cuentas y demandas y mediaciones del colegio de abogados entre las distintas partes. Aunque confían en que el conflicto acabe “sentado en la mesa de negociación”, desde la CIG esperarán a ver qué tiempos se marcan. En caso de que no se avance no descartan más movilizaciones.
