Asegura que los imputados actuaron sin saber que sus acciones eran ilegales y que, aún en caso de que los hechos fueran legales o no, se trataría de un proceso administrativo, no penal. De esta forma, el juzgado de instrucción número 6 de Vigo decretaba el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra Corina Porro, presidenta del Puerto, por prevaricación en las obras de ampliación del muelle del Areal.
Denunciada por la plataforma ‘A Ría non se vende’, en un principio también se imputó a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, contra la que posteriormente se levantaron todas las acusaciones. Las obras se paralizaron a principio de año pero se reanudaron poco después con el permiso de la Audiencia Provincial.
El Puerto defendió siempre una legalidad en todos sus actos avalada por los informes de los técnicos del puerto, de la abogacía del Estado y del propio Ministerio de Medio Ambiente.
