ALFONSO RIBERA Anda alguien por ahí que pretende elevar a dogma aquella frase del genocida Joseph Goebbels de que mentira repetida mil veces no se transforma en una verdad, y lo cierto es esto: el 18 de julio de 1936 lo que hubo en este país fue un golpe de Estado por parte de unos militares que se levantaron en armas contra un gobierno legal y democrático. Hubo personas que respetaron la ley y se mantuvieron al lado de los representantes que se habían elegido por sufragio universal, libre, directo y secreto, y otras que decidieron sumarse a los golpistas.
Los insurrectos se aliaron con Mussolini y con Adolf Hitler, desencadenante de una guerra en la que murieron 50 millones de personas y responsable directo del asesinato de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y enfermos. Se inició una contienda entre españoles en la que se contaron un millón de bajas y tras ganar la misma, se inició una dictadura que duró 39 años y una represión en la que quienes defendían la legalidad democrática pasaron a ser delincuentes y quienes se rebelaron contra ella se convirtieron en héroes de la patria y fueron recordados como tales durante todos aquellos años.
Esto es lo que pasó. Ahora se puede disertar lo que se quiera sobre los desórdenes de Asturias, el oro de Moscú y todo lo demás: pero nada puede cambiar los hechos. Setenta años después, 31 más tarde de que se recuperase la democracia, la misma que aquellos golpistas derrocaron por la fuerza, se pretendía no sólo rehabilitar el nombre de quienes sí se mantuvieron leales y sí respetaron la ley, sino, que menos, recuperar sus huesos y darles un entierro digno, al menos tanto como el de los sediciosos, cuyos restos nadie pretendió sacar de sus tumbas. Pero resulta que intentar saber qué fue de ellos es un delito.
Eso es, simplemente, una injusticia. Lo es porque nadie pidió cuentas a los asesinos que, una vez terminada la Guerra Civil se dedicaron a buscar, denunciar, condenar, represaliar y fusilar, en juicios sumarísimos, o sin ellos, a quienes sí respetaron la ley. Aquellos delincuentes, torturadores y asesinos no sólo respondieron por sus crímenes, sino que la democracia que ellos aborrecían limpió sus antecedentes de represores, delatores, ejecutores y torturadores, respetó sus patrimonios, sus familias, sus creencias, sus costumbres, sus vidas e incluso les brindó la posibilidad de desempeñar cargos públicos, optar a ellos, eso sí, sometiéndose a la voluntad popular, y morirse tranquilamente en la cama.
¿Y ahora a quién intenta saber qué fue de los despojos de aquellos que, digámoslo otra vez, sí fueron unos españoles leales, se le juzga por eso? Bien, esto es una democracia y el poder judicial debe ser independiente y hay que exigir que lo sea, ahora, lo que ya no es aceptable es que quienes toman estas decisiones pretendan que las mismas no se cuestione. Hasta ahí llegamos. Existe la libertad de expresión gracias a la cual es lícito poner en duda la labor de quienes ostentan el poder ejecutivo y legislativo…y también el judicial. ¿Si se hace con quienes han sido elegidos democráticamente por qué no puede hacerse con quienes han aprobado una oposición? ¿En qué artículo de la Constitución pone eso?
No sólo es justo, es saludable y respetable y, por ello, decir que la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo de procesar al juez Baltasar Garzón basándose en que no tenía competencia para investigar las desapariciones de ‘rojos’ durante la dictadura de Franco es, y no sólo desde el punto de vista jurídico (hasta miembros del Consejo General del Poder Judicial lo entienden así), discutible, irritante, incluso ridícula, es perfectamente lícito. Pero, calificar de soplapollez, papanatismo, cretinismo y descaro la actitud de quienes pretenden de que no se cuestione la labor de los jueces, es una necesidad clamorosa.
