La Xunta está dispuesta a cambiar los artículos de la Lei de Caixas que regulan el nombramiento de los responsables de estos organismos y el déficit patrimonial y llegar a acuerdos “interpretativos” en otros dos con el fin de desbloquear las conversaciones para que el Gobierno retire el recurso de inconstitucionalidad.
Esa fue la propuesta que enviaron ayer a Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial, para que lo considere y fije una nueva reunión con los responsables gallegos de Presidencia, Alfonso Rueda y de Facenda, Marta Fernández Currás. El gobierno gallego cree que la interpretación de dos de los artículos que el ejecutivo central exige que se cambien, podría adaptarse al “espíritu” de la Ley de Cajas de Andalucía, texto al que se refirió Feijóo como referente para lograr un consenso con el gobierno Zapatero.
La renovación de los órganos de gobierno: de 1 a 12 meses; control sólo sobre la Obra Social
Estos dos preceptos serían los referidos a los plazos de renovación del consejo de administración y la asamblea de las cajas, que en el caso de Galicia es de dos meses y en el de Andalucía de un año, y las mayorías necesarias para aprobar una fusión por parte de los consejos de estas entidades: el Gobierno exige que quede claro que tal decisión necesita una mayoría de dos tercios . El segundo sería el que fija las cuantías para los presupuestos de las obras sociales, que deben ser aprobadas por la Xunta; Zarrías ha insistido en que debe especificarse en el texto legal, ya que no lo hace, que esa autorización se refiere a las cuentas para ese concepto.
Con esta propuesta, la Xunta entiende que no hay motivo para no retomar las negociaciones y se pone a disposición del Gobierno central con la intención de sentarse “y no levantarse hasta que haya acuerdo“, aclaran los conselleiros en una nota.
