Era un secreto a voces. El Gobierno central recurrirá ante el Tribunal Constitucional “determinados preceptos” de la Ley de Cajas de Galicia, al entender que esta norma “va más allá de la competencia” de la Comunidad a la hora de “determinar la solvencia y naturaleza” de las entidades de ahorro.
Esta decisión paraliza el proceso de renovación de los órganos de gobierno de las cajas gallegas, que se puede retrasar hasta 5 meses, y, en la práctica, puede significar el no definitivo a la fusión, ya que las ayudas del FROB finalizan el 30 de junio.
La respuesta airada del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no tardó en llegar, “si hay algún acto inconstitucional es precisamente que se recurra la Ley de Cajas Gallega”, señaló al indicar que sí se han refrendado otras similares ” en las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE”, dijo en referencia a las leyes de Cataluña y Andalucía.
Representantes del PP, el BNG, la patronal gallega y los sindicatos UGT, CC.OO. y CIG firmaron antes de conocerse la noticia, que ya se imaginaban, un manifiesto conjunto en favor de la fusión de las cajas. Bajo el título ‘Galicia tiene derecho’, reivindica “un sistema financiero eficiente”, exige “respeto al autogobierno gallego” .
La “gran mayoría social” de Galicia critican la posibilidad de que el Gobierno central interponga hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas gallega, ya que fue votada por populares y nacionalistas. Por ello, reclaman que el Ejecutivo estatal no acuda al Tribunal Constitucional para derogarla.
