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Ley de Cajas se salta 10 puntos a la torera

Diez preceptos. Eso es lo que aleja a la Ley de Cajas de la constitucionalidad, según un informe del Consejo de Estado, que podría recurrir hoy mismo con petición de suspensión un documento que puede chocar con la normativa estatal en temas como:

  • la potestad de la Consellería de Facenda para decidir sobre un sistema institucional de protección y las mayorías necesarias para aprobar una fusión que la Xunta considera estratégica.
  • la representación de las entidades.
  • el porcentaje de renovación de los órganos de dirección, ya que la nueva ley impone la renovación del 75 por ciento de la entidad en 2 meses y la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro establece un 50 por ciento para garantizar la continuidad.
  • la autorización de Facenda de la obra social.

En caso de seguir adelante, el Gobierno paralizaría la renovación de las cúpulas de las cajas que ambas entidades ya pusieron en marcha, algo que para los populares supondría dejar abierta la posibilidad de absorción de las entidades por empresas foráneas. Mientras, la Xunta ha enviado una carta al Gobierno central para advertirle de que la falta de información de la que dispone sobre el dictamen del Consejo de Estado no es más que una falta de lealtad institucional, sin olvidarse de que en ningún momento se dio explicaciones al gobierno gallego de por qué se estaba analizando la nueva norma.

Manifiesto

A modo de protesta, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego, empresarios y sindicatos presentarán hoy un manifiesto conjunto para defender que Galicia tiene derecho a un sistema financiero solvente propiciado por la fusión de Caixanova y Caixa Galicia y a que el Gobierno no se inmiscuya.

El manifiesto se firmará en la Sala del Estatuto del Parlamento gallego a media mañana y contará con tres puntos claros: el primero, el derecho de Galicia de disponer de un sistema financiero eficiente regulado por el Parlamento; el segundo, el derecho al autogobierno de Galicia, ya que se está cuestionando la constitucionalidad de una de sus leyes; y, la tercera, el derecho de las instituciones gallegas de impulsar una fusión dentro de su territorio.

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