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El PP se sentará en el banquillo de los acusados tras abrirse juicio oral contra el partido por el borrado de los ordenadores de Bárcenas

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha acordado la apertura de juicio contra el PP y su tesorera, Carmen Navarro, por supuesto delito de daños informáticos en el borrado de los discos duros de los ordenadores del ex tesorero del partido Luis Bárcenas.

Así lo acuerda en un auto en el que además abre juicio oral respecto a Alberto Durán Ruiz de Huidobro, asesor jurídico del partido, y José Manuel Moreno Alarcón, director del sistema de informática del PP, que, al igual que Carmen Navarro, también están investigados por delito de encubrimiento.

La jueza Rosa María Freire da tres días al fiscal para que formule su escrito de acusación y emplaza a todos los investigados a que presenten en un plazo de diez días hábiles sus escritos de defensa proponiendo en su caso las pruebas de las que intenten valerse.

El Juzgado recuerda que el fiscal solicitó el sobreseimiento de este caso pero solicitaron apertura de juicio las acciones populares de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, el Observatori Drets Humans y la ejercida conjuntamente por Izquierda Unida, la Asociación Justicia y Sociedade y la Federación Los Verdes, Els Verds, Berdeak, Os Verdes.

Por su parte el PP alegó que dado que la única acusación particular que estaba personada en su momento, la del propio Luis Bárcenas, había desistido de seguir ejerciéndola y que el delito de daños informáticos es de carácter privado era de aplicación la conocida como “doctrina Botín” para archivar el caso.

En cuando al encubrimiento atribuido a Carmen Navarro, el PP entendía que también procedía el archivo por la “estrecha relación que existe entre ambos delitos”.

La jueza entiende que de momento no cabe estimar que se trate de un delito de naturaleza estrictamente privada para aplicar la “doctrina Botín” pues supuestamente “se impidió con el borrado de los datos” de los ordenadores de Bárcenas “la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia”.

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