La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido este martes la querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra el Carles Puigdemont y los 13 consejeros de su Gobierno, a los que cita a declarar como investigados para los próximos 2 y 3 de noviembre a las nueve de la mañana para fijar las medidas cautelares pertinentes contra ellos.
Como pedía la Fiscalía, se establece para los14 querellados una fianza de 6,2 millones de euros, con apercibimiento de embargo si no la depositan en 3 días. Asimismo, la jueza Lamela ha ordenado que se incorporen a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con la declaración de la república catalana.
Este mismo martes, en Bruselas, Carles Puigdemont, en una multitudinaria rueda de prensa, ha indicado que volverá a España cuando tenga “garantías jurídicas” de que podrá tener un juicio justo y con separación de poderes y ha asegurado eludirá su responsabilidad ante la Justicia.
Eso sí, cuando le han preguntado a qué garantías se refería, Puigdemont ha afirmado que las mismas no se dan en este momento y ha enfatizado que las querellas por rebelión presentadas por la Fiscalía contra él y otras 19 personas responden a un “deseo de venganza” y ha avisado de que mientras se mantenga esa “amenaza” no se darán las “condiciones” para volver.
Puigdemont que ha abierto una nueva web como presidente en el exilio, con la dirección president.exili.eu, se enfrenta a serios problemas en el caso de que no acuda el jueves a la Audiencia Nacional, en ese caso, la juez Carmen Lamela, podría firmar órdenes europeas de detención y entrega contra Puigdemont y los consellers que están con él en Bruselas y, siguiendo el procedimiento habitual en la Unión Europea, las autoridades belgas deberían arrestarlos y ponerlos a disposición judicial.
Se abriría, en este último caso un proceso que podría prolongarse alrededor de dos meses. En primer lugar un juez debería decidir si deja en libertad a los altos cargos catalanes o los mantiene en prisión y un organismo independiente, la Cámara del Consejo de Bruselas, tendría 15 días para señalar si los envía o no a España. Contra su decisión cabe recurso ante esta misma Cámara, que dispondría de otros 15 días para decidir y, finalmente, un recurso final ante la Corte de Casación, que tendría el mismo tiempo para dar veredicto.
