Primer decreto de Erdogan con los poderes que le da al Gobiero turco el estado de emergencia establecido el pasado miércoles tras el fallido golpe de Estado militar el 15 de julio: el periodo máximo de detención policial sin presentar cargos pasa de cuatro días a 30 y se ordena el cierre e ilegalización de más de 1.043 escuelas privadas, 15 universidades, 1.200 fundaciones y organizaciones, 19 sindicatos y 35 instituciones médicas supuestamente vinculadas a la comunidad religiosa de Fetulá Gülen, al que se acusa de estar detrás del levantamiento militar, aunque entre las instituciones prohibidas se encuentran algunas que no guardan relación ninguna con el clérigo turco, exiliado a Estados Unidos.
A través de este decreto publicado ya en el Boletín Oficial, los detenidos podrán ver restringidas sus reuniones con sus abogados, que podrán ser grabadas y usadas en su contra, y solo podrán ser visitados por sus cónyuges o parientes hasta segundo grado.
Por el momento, más de 10.600 personas han sido detenidas en los últimos días como sospechosas de estar vinculadas al intento de golpe de estado.
Entre las cláusulas del decreto se recoge la impunidad para todas las personas que tengan que tomar decisiones en el estado de emergencia, sin que se les pueda imponer ningún tipo de pena legal, administrativa o financiera. Además, ninguna de las decisiones tomadas puede ser rebatida por un tribunal.
