Con fuerzas suficientes para seguir luchando a pesar de cuatro días en huelga de hambre. Las tres familias a punto de ser desahuciadas que mantenían su protesta a las puertas del Concello de Vigo han levantado esta mañana el campamento para reponerse y presentarse este viernes en el juzgado, donde dos de ellas tienen el señalamiento en el que se verá la fecha de lanzamiento de sus viviendas. Sin embargo, es sólo una parada en el camino: mantendrán las movilizaciones hasta que los tres estén realojados.
En unos días, Ricardo firmará el convenio con la Xunta para irse a vivir a una vivienda en Salvaterra de Miño, donde pagará 52 euros de los 500 que cobra. “Antes pagaba 350 euros de alquiler, más luz, agua… me quedaban 50 euros para vivir, era imposible, ahora será a la inversa”, asegura Ricardo, que si todas las negociaciones van bien podrá esperar a mudarse cuando acabe el curso escolar, ya que tiene dos niños de 7 y 12 años. “Si encuentro trabajo allí, empezaré una vida nueva, ahora sí tengo una oportunidad”, recalca.
Mientras, la Xunta sigue buscando alguna solución para las otras dos familias afectadas que “no podemos salir de la ciudad en estos momentos por motivos familiares y personales”, explicó Merce. Y se encuentra con “ánimos repletos” para seguir luchando, ya que en estos cuatro días se han sentido muy respaldados por colectivos sociales, ciudadanos e incluso partidos políticos. Están convencidos de que esta huelga de hambre “va a ser un revulsivo para que se le de prioridad a las personas porque el Risga no da para vivir”.
Isabel asegura que “la burocracia es asesina, te lleva al borde de la desesperación”. “Estar un año recopilando papeles para poder entregarlos y esperar otra vez meses a que te den una ayuda que no da para malvivir. Hasta en el Monopoly todo el mundo pasa por la casilla de salida y tiene una renta básica“, explica. Quieren que esta lucha sirva para poner cara a los datos y estadísticas y no pararán hasta conseguir que haya un parque de viviendas municipal y que la gente no pague más del 5% de sus ingresos de alquiler.
Por su parte, la Xunta ha indicado que estas dos familias pendiente de realojo también recibirán el Bono de Alugueiro Social. El director del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, aseguraba esta mañana que en Vigo hay inscritas 4.000 personas demandantes de viviendas y que reclamará al concello de Vigo que las tres cedidas por en Coruxo se ocupen inmediatamente o iniciará el expediente sancionador correspondiente.
Además, ha asegurado que Vigo es la única ciudad de más de 250.000 habitantes que no cuenta con una empresa pública de gestión y promoción de vivienda. García aseguró que en estos momentos la Xunta tiene 549 viviendas de promoción públicas alquiladas con una renta ajustada a los ingresos de los destinatarios y da ayudas a 546 familias para que hagan frente al alquiler en su propia casa.
