Estaba previsto que el desahucio se ejecutara el próximo 5 de abril, pero durante la vista judicial celebrada este miércoles el propio banco solicitó aplazar el alzamiento. Se trata de la familia que vive de ocupa en una vivienda en la calle Severino Cobas, y que ahora tiene un mes más para negociar con el Banco Popular el acceso a una vivienda del Fondo Social o alguna otra alternativa.
Han sido los propios abogados de la entidad bancaria los que durante la vista han pedido suspender el desalojo de los 10 miembros de la familia para seguir negociando, aunque en este momento conseguir un acuerdo es complicado: la entidad bancaria ofrece un piso de cuatro habitaciones, pero la familia lo rechaza por no caber todos en el piso y porque viven de la recogida de cartón, plástico y chatarra, lo que podría ocasionar problemas con los vecinos.
