El alcalde aseguró este lunes, tras empezar las reuniones con sindicatos y los representantes de los colegios de Abogados, Arquitectos y Aparejadores para conocer su opinión sobre la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que ve “cohesión y un consenso importante” en Vigo pese a este revés.
Abel Caballero les informó de que el Concello activará dos líneas de actuación: por un lado la misma filosofía que el actual Plan Xeral, el ,mismo modelo de ciudad, y proyectos de importancia como la Cidade da Xustiza, la ampliación del polígono de Balaídos para dar servicio a Citroën y la estación intermodal de Urzáiz, serían tramitados por mecanismos urbanísticos autonómicos.
El alcalde, que seguirá recabando la opinión de colectivos durante esta semana, adelantó que la que viene empezará a tomar decisiones para que no exista “ninguna dilación” en el ámbito urbanístico de manera que la tramitación sea lo más rápida posible y sea posible “minimizar el impacto” causado por la sentencia del Tribunal Supremo.
Caballero también garantizó que “la seguridad del urbanismo de Vigo es total” pese a la anulación del Plan Xeral de 2008 y la entrada en vigor del anterior plan, el de 1993.
Por su parte, la portavoz municipal del Partido Popular a instado al gobierno local a “no aprobar ningún presupuesto para 2016 a sabiendas de que la segunda mayor vía de ingresos, después de la aportación estatal, contiene un error de cálculo mayúsculo”. Elena Muñoz presentó una solicitud para que el gobierno local aplace el Pleno previsto el miércoles, donde se debatirá la aprobación definitiva de las cuentas del Concello para 2016.
La razón no es otra que la “evidente alteración” que la sentencia del Tribunal Supremo que anula el PXOM del 2008 provocará en los ingresos previstos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la popularmente conocida como ‘contribución’.
Muñoz insistió en que este tributo es la herramienta fiscal más poderosa del Concello, con una recaudación estimada que supera los 60 millones de euros, y también la que sufrirá más directamente los efectos de esta decisión judicial que elimina la vigencia del planeamiento del 2008 y retrotrae a Vigo al Plan General de 1993.
“Centenares de suelos rústicos en aquel planeamiento pasaron a ser urbanizables con el PXOM del 2008 y están por tanto pagando recibos de IBI de mayor importe que el que abonaban hasta esa fecha. Ahora, en cambio, la situación es la opuesta. Los contribuyentes en estas circunstancias acaban de perder la capacidad de aprovechar urbanísticamente sus fincas, que regresan de nuevo a su calificación anterior como rústicas en muchos casos, y no urbanizables en otros. La consecuencia directa es que el año que viene volverán a pagar un IBI mucho más reducido”.
A juicio de la portavoz del PP, “está clarísimo que lo ocurrido altera el cálculo de los ingresos del IBI de manera sustancial”, por ello considera “urgente e indispensable” adaptar el padrón del impuesto de bienes inmuebles a la nueva realidad, para sintonizarlo con el plan que entra en vigor, que es el de 1993.
