El grupo municipal del PP reclama al gobierno local “medidas de control y corrección” para evitar las consecuencias del botellón en varias zonas del casco Vello y del centro de Vigo en las que se está localizando un repunte de esta actividad.
Los populares afirman que “el problema se recrudece en lugares muy transitados, como la Praza de Compostela, el entorno del Náutico o Teófilo Llorente”, afectando al descanso de los residentes en estas zonas, a su seguridad y también a la limpieza.
En concreto, padres con hijos pequeños residentes en las inmediaciones de la céntrica Alameda reconocieron este mismo fin de semana que no están pudiendo caminar ni jugar con sus menores en las zonas que por las noches son utilizadas por los jóvenes para concentrarse y beber “ante el aspecto insalubre que presentan por las mañanas”.
Recuerdan los populares que el pasado año ya se registraron múltiples quejas ciudadanas que motivaron reuniones con el gobierno municipal de asociaciones que representaban a residentes en calles situadas todas en espacios declarados ZAS (Zonas Acústicamente Saturadas), lo que implica que no se deberían conceder más licencias para locales de ocio susceptibles de incrementar el ruido.
Los vecinos apuntan a un incremento de esta práctica en diferentes puntos de la ciudad, como las inmediaciones del Marco, el entorno de la colegiata o las citadas áreas del Casco Vello.
En 2008, PSOE y BNG aprobaron una ordenanza para “reglamentar el uso de los espacios públicos por la ciudadanía, evitando usos excluyentes o abusivos que alteren gravemente la convivencia”. Aquella normativa prohibía la “permanencia y concentración de personas en espacios abiertos del término municipal que se encuentren consumiendo bebidas de cualquier tipo o realizando otras actividades cuando alteren gravemente la pacífica convivencia ciudadana”. Además, impedía repartir bebidas en la calle, hasta de modo gratuito, y, por supuesto, la venta de alcohol a menores de 18 años.
Los autores de las infracciones leves abonarían entre 300 y 750 €. Las personas que sean acusadas de infracciones graves estaban obligadas a desembolsar de 751 € a 1.500 y para las sanciones muy graves la multa ascendía a 3.000 €. La reincidencia y la intencionalidad eran considerados factores determinantes.
El PP considera que las declaraciones y actuaciones del actual gobierno local se han convertido en meros “brindis al sol” o “duplicaciones” de normas que ya estaban en vigor, tanto municipales como las fijadas en los códigos penal y civil. “Lo grave -indica el grupo municipal popular- es que no se hagan cumplir pese a las denuncias de los residentes en las áreas más afectadas”. “El gobierno de Caballero lleva años sin actuar para garantizar el descanso, la seguridad y la limpieza en las zonas afectadas”, concluye.
