En un comunicado difundido en la página web de la Fundación Francisco Franco, el ex ministro José Utrera Molina, que entre otros cargos durante la dictadura ocupó las carteras de Ministro-Secretario General del Movimiento y de Vivienda, ha señalado que su condición de ministro franquista y el ejercicio de esas responsabilidades “no constituye, ni ha constituido ni en España, en Argentina, ni en ningún otro ordenamiento jurídico, delito alguno”.
Según Utrera, suegro del también ex ministro Alberto Ruíz Gallardón, “la supuesta acción judicial instada desde la judicatura argentina contra mí y otros miembros del gobierno de la nación, no puede ser considerada como tal”.
Utrera, además, señala como responsable de esta imputación al juez Garzón, afirmando la causa argentina es “una iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal, por carecer de fundamento legal alguno”.
Por último, Utrera Molina, a quien la jueza Servini imputa “el haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich”, y que tiene una orden de detención por parte de la Interpol, dvierte de que “la imputación de supuestos crímenes o delitos derivados del cumplimiento de mis responsabilidades políticas es una calumnia y un atentado contra mi honor”, y amenaza con adoptar medidas judiciales al respecto.
