La Diputación ha aprobado por unanimidad tres mociones presentadas al pleno provincial, celebrado este viernes, en apoyo a los trabajadores de Tafisa y Construcciones Crespo, ante el cierre anunciado de sus empresas.
Los trabajadores de Tafisa y una representación de Crespo, las dos firmas afectadas por el cierre, han acudido al salón de plenos del Pazo provincial, lo que ha provocado un cambio en el orden del día, que trató en primer lugar estas mociones y dio la oportunidad al presidente del comité de empresa de Tafisa, para que tomase la palabra y se dirigiese al pleno.
Este portavoz de la plantilla de Tafisa ha explicado que la pretensión de los trabajadores con esta moción “es que se defienda activamente no solo la viabilidad de los puestos de trabajo sino la de las propias empresas”. En este sentido, pidieron a la Diputación “una implicación más activa en defensa de los puestos de trabajo y no una manifestación de cara a la galería”.
La moción aprobada recoge la solidaridad con los trabajadores por el quebranto económico que supone el cierre para 60 familias y para el tejido productivo de la comarca. Además trasladarán este caso a la Consellería de Industria y al Igape, “pensando en la concesión de distintas ayudas públicas que se le dieron durante este período”, dijo el presidente de la Diputación, Rafael Louzán. Además se exigirá a Sonae, multinacional portuguesa propietaria de Tafisa, el mantenimiento de esta fábrica radicada en Ponte Caldelas.
En cuanto a la moción de apoyo a los trabajadores de Construcciones Crespo, el presidente provincial, Rafael Louzán, ha informado de que en la junta de gobierno celebrada antes del pleno se acordó una prórroga a una de las obras de esta firma en el municipio de Baiona, garantizando el pago inmediato de las certificaciones “todo lo que desde aquí esté en nuestras manos se va a hacer”, ha señalado.
Además, la Diputación instará a las administraciones que tienen deudas con esta empresa a que salden sus cuentas para sanear esa deuda que, en conjunto, supera los 3 millones de euros, de los que 360.000 € corresponden a impagos a los 90 trabajadores de la plantilla.
