Los ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y Juan José Güemes han sido imputados por prevaricación en el proceso de adjudicación de hospitales y laboratorios a empresas privadas. El magistrado Marcelino Sexmero ha rechazado el recurso interpuesto por Güemes -al que se adhirieron los demás querellados y que fue respaldado por la Fiscalía– en un auto de 29 de octubre ya que los hechos que denuncia la asociación de médicos AFEM “son constitutivos de delito“.
Lamela y Güemes, además del actual director general de Hospitales de la Comunidad Antoni Burgueño, están imputados por ser los responsables de las, según el auto, “adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos por la ley como la no exigencia del canon de la que se han beneficiado dichos acuerdos”. Y luego resalta el escrito del juez: “para después contratar los servicios de los anteriores Consejeros de Sanidad”.
Hay que recordad que Güemes fue nombrado consejero de la empresa Unilabs, después de que ésta comprara la concesión de los laboratorios centrales a la adjudicataria original. Al conocerse la noticia dimitó. Lamela, por su parte, trabajó, como consejero, en una sociedad que gestiona la parte no sanitaria del hospital del Tajo.
El juez incluye en su razonamiento que la Sanidad madrileña dirigida por Aguirre, Lamela y Güemes llegó a fichar a directivos de las empresas que, más tarde, participarían en la entrada de contratistas en la gestión médica, “habiéndose contratado incluso al señor Antonio Burgueño Carbonell que participó en su día en la creación del modelo Alcira”.
El magistrado entiendo que “resulta indispensable la práctica de diligencias de investigación para esclarecer los hechos relatados” en la querella. Según informa este jueves eldiario.es, AFEM en un relato, según el juez no del todo claro, expuso que se da una derivación de pacientes hacia los centros de gestión privada “con amenazas o intimidación contra su voluntad” mediante el centro de citación telefónica (call-center). También expusieron la “ausencia de control en el precio de adjuciación de un centro de especialidades (Pontones)” así como la “ausencia de control en la facturación intercentros -se ha facturado de menos a los tres centros de gestión privada-“. De todo ello se deriva la “prevaricación” de los políticos que llevaron el proceso desde la consejería: Güemes y Lamela.
