El proyecto de ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la conocida como ‘Ley Wert’, apenas presenta diferencias con lo que ya se sabía de ella, pese a la pasada huelga general en la educación o las constantes manifestaciones – las conocidas como mareas verdes-, paros parciales o encierros en centros educativos.
En este sentido, se mantiene el reparto de competencias entre el Gobierno central y los de las comunidades autónomas en lo que se refiere al diseño de los contenidos escolares, el adelanto de itinerarios hacia la FP o las reválidas.
Sí hay dos cambios que el propio ministro ha comentado. El primero es que, desde el próximo curso, la asignatura de Religión contará para la media global, pero en las tres pruebas finales que se disponen con esta nueva normativa al final de cada ciclo -las llamadas reválidas- no se incluirá. Además, la asignatura de Religión deja de ser excluyente. Es decir, hasta el momento, el alumno debía elegir entre cursar esta asignatura o su alternativa. Ahora, esto dejará de ser así. Ambas asignaturas pasan a ser optativas, de tal forma que un alumno que se matricule en Religión podrá también aprender Valores Culturales y Sociales, sin que una asignatura discrimine a la otra.
El segundo cambio se refiere a la garantía de lo que el ministro ha calificado como derecho de todos los españoles a elegir el castellano como lengua vehicular en su educación. La solución que propone en Gobierno es esta: adelantará el dinero para pagar a los colegios privados donde se matricularán los alumnos que no encuentren otra opción de estudios con más clases en castellano…pero será la comunidad autónoma la que deberá hacerse cargo de este coste. Para garantizarlo el Estado restará de la cantidad que transfiere a las autonomías las ‘facturas’ del colegio que tenga que pagar para que los alumnos, en este caso catalanes, vascos y gallegos, estudien en castellano.
Para poder cumplir con sus deseos, los padres que quieran optar por esta enseñanza tendrán que iniciar un procedimiento administrativo a través de la Alta Inspección Educativa donde demostrarán que no tienen otras posibilidades. Para empezar a ‘adelantar’ estas cantidades, el Ministerio de Educación reservará 5 millones de euros para cubrir, en principio, la escolarización de unos 1.000 potenciales alumnos que solicitaran más clases en castellano en esta comunidad. Por supuesto, esos 5 millones son los que ingresarán los colegios privados que impartan las clases en castellano.
Otras cosas siguen igual. Educación para la Ciudadanía desaparece. Era una de las batallas en materia educativa más importante del Partido Popular cuando estaba en la oposición y no se mantendrá pese a al dictamen del Consejo de Estado, curiosamente presidido por un ex tesorero del PP y ex ministro de Aznar, José Manuel Romay Beccaría, que señaló que la nueva opción llamada “Valores culturales y sociales” no era suficiente como reemplazo de ‘Ciudadanía’.
Por último, se ‘blindan’ las subvenciones a los colegios que separan por sexo. Eso sí, Educación ha introducido una cláusula por la que los centros segregados deben garantizar que la educación no es diferenciada en el contenido, sino que las clases que se imparten son iguales para los dos sexos.
