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Pego alega que el Banco de España estaba al tanto de las prejubilaciones

Posted by on Oct 19th, 2012 y archivado abajo Galicia. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada en el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o trackback a esta entrada

Este viernes el turno de ir a declarar a la Audiencia Nacional le tocó al ex director general de Novacaixagalicia (NCG), José Luis Pego, y a sí fue. El número dos durante años de la extinta ya Caixanova defendió la legalidad del contrato que fijó su astronómica pensión: solo cobró 10,8 millones de euros.

Pego, de 54 años, alegó ante el juez que instruye la causa por las escandalosas indemnizaciones, Ismael Moreno, que el Banco de España y su Consejo de Admnistración conocía perfectamente las cifras.

Durante algo más de dos horas, el ex directivo de NCG dio su versión de los hechos y, pese a que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba que se le retirar el pasaporte, finalmente, el juez de la Audiencia Nacional dijo que no era necesario. Lo que sí tendrá que hacer Pego es comparecer ante su señoría cada 15 días.

Sobre la solvencia de Caixanova antes de la fusión, Pego aseguró que era buena y que los problemas llegaron cuando se unieron a Caixa Galicia.

Tras defender la legalidad y la transparencia de su contrato, Pego señaló que todas las asignaciones se concretaron una vez fusionados las dos cajas gallegas.

A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.

Cabe recordar que junto a los 10,8 millones de euros de Pego también están los ex directivos Gregorio Gorriarán, 7,5 millones de eurosJavier García Paredes, de 51 años, 5,3 millones, en concepto de indemnización y el pago de sus sueldos íntegros de por vida.

A ello hay que sumar que, de acuerdo con la liquidación de sus contratos, cuando cumplan los 65 años, recibirán en sus cuentas corrientes otros 33 millones de euros, entre todos.

El juez les imputa a los cinco ex directivos -entre ellos, Julio Fernández Gayoso- la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.

La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos,7,8 millones de euros.

 

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