El Gobierno ha recaudado, hasta julio, 50,4 millones de los 2.450 que el ministro de Hacienda había fijado como objetivo, hasta ese mes, de la aprobada Amnistía Fiscal. A la vista de datos de la propia Agencia Tributaria, ha quedado claro que este pírrico 2% de lo previsto, subraya el fracaso de esta medida que, como explicó en marzo Cristóbal Montoro, era “excepcional y extraordinaria” para recaudar 2.500 millones de euros y hacer aflorar el capital oculto en España.
Y eso que las condiciones para los defraudadores eran inmejorables: un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de este año, y un 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Además de ello, a esas personas que habían defraudado a la Hacienda Pública, y que en condiciones normales hubiesen podido ser condenados a hasta 6 años de cárcel por estafar al estado desde 50.000 €, podrían librarse presentando una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria.
