La finalidad, según ha ‘filtrado’ el Gobierno, es reducir la elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos. Para ello, el ‘Programa Nacional de Reformas 2012’, contemplará que los funcionarios no cobren todo el salario durante los tres primeros meses de baja por incapacidad temporal. Entre las medidas que se prevén está la “modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de desempeñar con normalidad su trabajo”, que es como se dice, técnicamente, reducción de nóminas tres meses.
A ello se añade que el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se realizará en días en lugar de meses para “reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad“. Además de ello, la Administración no pagará subsidios en caso de incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por parte de los afectados.
