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La ministra de Sanidad comunica este miércoles en el Congreso el final de la actual Ley del Aborto

Posted by on Feb 1st, 2012 y archivado abajo Destacados, Nacional. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada en el RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o trackback a esta entrada

La línea que seguirá el Gobierno ya la anunció ayer, no en el Parlamento, sino en TVE, el ministro de Justicia y a ella se atendrá a ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, este miércoles, ella sí, en el Congreso de los Diputados. Ana Mato, será más precisa en lo que se refiere a las reformas que emprenderá su ministerio, empezando por la Ley del Aborto, la de Dependencia o sus planes sobre la financiación de la sanidad pública.

Respecto a la  Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en 2010, el primer paso será revocar la autorización para que las menores de edad puedan abortar sin consentimiento de sus padres, además de dar prioridad al Derecho a la Vida, como indicó Ruíz Gallardón este martes, lo que, de hecho, supondrá la vuelta al sistema de supuestos, en lugar del de plazos, tal y como se establecía en la legislación de 1985.

Por lo que se refiere a la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, vigente desde 2007, y que ha dado ya cobertura 754.713 personas, Mato tendrá que explicar qué va a hacer con las otras  315.244 que están a la espera de recibir una prestación o servicio y su financiación. En este aspecto la línea que puede seguir el PP puede haberla marcado ya la Xunta: la conselleira de Benestar, Beatriz Mato, ya ha anunciado que se establecerá un copago, sin usar esta palabra, por supuesto, aunque sí dejando claro que la asistencia se prestará en función de los ingresos

Este concepto, el ‘copago’, planea ya sobre las recetas médicas, una vez que se ha sabido que, solo los hospitales públicos, tienen una deuda de casi 6.000 millones de euros (1 billón de las desaparecidas pesetas), con la industria farmacéutica y después de que varias comunidades, como Cataluña o Baleares hayan impuesto pagos adicionales a los pacientes, en el primer caso 1 € por receta expedida y en el segundo una cantidad por la renovación de tarjeta sanitaria

 

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