Así lo cree el grupo municipal del Partido Popular desde el que se asegura que el alcalde mintió cuando, hace cuatro días, anunció que la Xunta de Goberno Local había aprobado el cambio de uso de la Escuela de Hostelería, un requisito indispensable para empezar la obras de adecuación del inmueble. La concejala Marián García presentó hoy para avalar esta afirmación un informe del Servicio de Patrimonio del Concello en el que se indica que, “a tenor de lo informado por la Xerencia de Urbanismo (oficina de Barrios Históricos) resulta inviable dicha alteración (de equipación socio-cultural a bien de servicio público) ya que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Vello de Vigo, en cuyo ámbito se sitúa el mismo, califica dicho inmueble como equipamiento socio-cultural y, consecuentemente, su vinculación a fines públicos (Art.5 da la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas), suponiendo un impedimento en las actuales circunstancias para la alteración de su naturaleza jurídica)”.
Dicho informe concluye, con la conformidad del Jefe de Servicio de Patrimonio, Luis Rodríguez, y la Jefa de Área de Régimen Interior, Dolores Espiño, así “resuelvo: el archivo del mencionado expediente para la alteración de la naturaleza jurídica de la propiedad perteneciente al Inventario Municipal de Bienes y Derechos de este Concello al no proceder la misma de acuerdo con los informado por la Xerencia Municipal de Urbanismo”.
Esta redacción ha consultado a un abogado especialista en Derecho Urbanístico quien ha indicado que para la desafección del mencionado inmueble, es decir su cambio de uso, es necesario un acuerdo del Pleno de la Corporación, de acuerdo con la legislación vigente, en especial la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, requisito que, a su juicio, no se ha cumplido en este caso.
Además de todo ello, el PP asegura que la remodelación planteada por el alcalde tampoco dispone de la necesaria licencia de obra y que carece, así mismo, de dotación presupuestaria. Marián García ha indicado que los 350.000€ que debían dedicarse a este proyecto este año se han desviado a otros fines, “dicha cantidad se destino a los mismos en abril, en concreto 125.000€ se adjudicaron al pago de la sentencia de Miraflores”, concluyó la concejala quien recordó que, de acuerdo con el convenio firmado con la ONG Emaus, deberían destinarse 495.000€ a las obras, 180.000€ a las dotaciones y 512.000€ anuales a su mantenimiento.
Por todos estos motivos, continuó la concelleira, no podrá acabarse la obra este año y “es posible que no pueda iniciarse” antes del 31 de diciembre ya que, para cumplir la legalidad será necesario firmar un nuevo convenio con Emaus, solicitar un informe al efecto del interventor municipal, tener el visto bueno de la Asesoría Jurídica Municipal, llevar el cambio de uso a Pleno y aprobar la correspondiente modificación presupuestaria para afrontar los gastos del mismo.
